El consistorio explora una vía jurídica alternativa para atajar problemas recurrentes de seguridad y evitar la reincidencia de vendedores ambulantes ilegales.

El Ayuntamiento de Torrevieja se ha personado en el procedimiento judicial abierto contra un vendedor ambulante ilegal detenido tras presuntamente agredir a un agente de la Policía Local para solicitar una medida poco habitual: una orden de alejamiento del punto concreto del paseo Juan Aparicio donde, según el concejal de Seguridad, Federico Alarcón, se concentran los incidentes.

Ante un problema de seguridad tan difícil de atajar, el Ayuntamiento busca con esta iniciativa contar con nuevas herramientas para intentar reducir su impacto.

La medida pretende impedir que el investigado vuelva a la misma zona donde ejerce la venta ilegal, lugar en el que se produjo la actuación policial. Según explicó Alarcón a Información, el hombre fue detenido, pasó a disposición judicial y quedó en libertad. Nada más salir, regresó al mismo punto del paseo y volvió a amenazar a los agentes que se encontraban allí, haciendo referencia incluso al policía al que presuntamente había agredido.

El Ayuntamiento no plantea la orden para todo el término municipal ni para toda la fachada marítima. La petición se limita a un espacio concreto y durante un periodo determinado, que deberá fijar el juez si acepta la medida.

“Es ahí donde está generando los problemas”, resumió el edil.

La decisión de que el Ayuntamiento se persone en el procedimiento fue adoptada en la última Junta de Gobierno Local.

Respuesta penal

Alarcón defiende que la medida puede servir para romper una dinámica reiterada. La idea es que, si el investigado vuelve al lugar pese a la prohibición, pueda incurrir en un delito de quebrantamiento de la orden judicial, lo que supondría una respuesta penal más severa.

El concejal comparó esta fórmula con la utilizada por algunas empresas privadas, como supermercados, frente a personas que cometen hurtos de forma reiterada. En esos casos, además de denunciar los hechos, se solicita que el autor no pueda acceder al establecimiento durante un determinado periodo de tiempo.

Coordinación institucional

La iniciativa surgió durante las reuniones de trabajo entre la Policía Local, la Guardia Civil, los juzgados, los Servicios Sociales y el Hospital de Torrevieja.

Alarcón explicó que todas las partes han elaborado un protocolo interno para coordinar actuaciones ante problemas recurrentes como la ocupación, la venta ambulante ilegal y situaciones relacionadas con personas que puedan necesitar intervención sanitaria o social.

Según el edil, este documento no se ha concebido como un anuncio público, sino como una herramienta práctica para que cada administración sepa cómo actuar, qué medidas puede solicitar y con qué apoyo cuenta por parte del resto de organismos.

En ese contexto se estudió la posibilidad de que fuera la Fiscalía quien solicitara medidas de alejamiento y, en caso de no hacerlo, que el propio Ayuntamiento se personara para pedirlas directamente.

La decana de los juzgados, indicó Alarcón, consideró viable esta posibilidad con carácter general, aunque la aplicación deberá analizarse en cada caso concreto.

En este procedimiento, el Ayuntamiento entiende que existe una reiteración clara de los hechos: venta ilegal en el mismo punto, agresión en ese lugar, detención y regreso inmediato a la zona tras quedar en libertad.

El objetivo municipal es explorar una vía jurídica alternativa ante el escaso margen que ofrece la normativa para evitar que las mismas personas regresen una y otra vez a los puntos habituales de venta ilegal.

La venta ambulante ilegal suele sancionarse como una infracción administrativa por carecer de licencia. En cambio, la venta de productos falsificados constituye un delito, aunque debe acreditarse y las penas previstas son reducidas, incluso en supuestos de reincidencia.

La resolución dependerá ahora del procedimiento judicial y de si el juez acepta incorporar la orden de alejamiento solicitada.

Alarcón recordó que este tipo de medidas ya se están aplicando en otros ámbitos, como en los casos de delincuentes reincidentes por hurtos en supermercados, donde el quebrantamiento de la orden de alejamiento puede conllevar consecuencias penales más graves que el propio delito inicial.