La sentencia tumba el recurso de Ribera Salud y confirma que la Generalitat podía no prorrogar la concesión del Departamento de Salud de Torrevieja siempre que valorara su impacto económico antes de la finalización del contrato.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por Torrevieja Salud, perteneciente al grupo Ribera Salud, contra la sentencia que avaló la decisión del Consell del Botànic de no prorrogar la concesión del Hospital de Torrevieja y recuperar su gestión directa.

La resolución confirma que la Generalitat actuó conforme a derecho al comunicar, un año antes del vencimiento del contrato, que no ejercería la prórroga y al aprobar las instrucciones necesarias para recibir el hospital, los centros sanitarios, el equipamiento y el personal adscrito al servicio.

La concesionaria defendía que esa decisión requería una valoración previa, específica y completa de su impacto económico. El Tribunal Supremo concluye, sin embargo, que dicha valoración se realizó dentro del plazo legalmente exigible.

Cinco años de litigios

Con esta sentencia, los tribunales ponen fin, casi cinco años después de la reversión, a uno de los principales procedimientos judiciales iniciados por Ribera Salud para intentar frenar la recuperación de la gestión pública del Departamento de Salud de Torrevieja.

La resolución, dictada a principios de julio por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, presidida por el magistrado Luis María Díez-Picazo Giménez, con ponencia de Antonio Narváez Rodríguez, confirma íntegramente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de noviembre de 2022.

La prórroga no era obligatoria

La Generalitat defendía que el contrato, firmado en 2003, establecía una duración inicial de quince años desde la entrada en funcionamiento del hospital, el 16 de octubre de 2006, por lo que finalizaba el 15 de octubre de 2021.

La posible prórroga de cinco años solo podía producirse si ambas partes estaban de acuerdo. Al no existir ese consenso, la Administración autonómica entendía que no estaba obligada a mantener la concesión.

El Tribunal Supremo respalda esta interpretación y recuerda que la reversión estaba prevista en el propio contrato. Asimismo, señala que la Generalitat debía comunicar con un año de antelación las condiciones necesarias para garantizar la continuidad del servicio, algo que hizo el 14 de octubre de 2020, cuando notificó oficialmente a la empresa su decisión de no prorrogar el contrato.

La valoración económica

El principal argumento del recurso de Torrevieja Salud se centraba en la obligación de realizar un estudio económico antes de comunicar la no prórroga.

La empresa sostenía que la Generalitat debía demostrar previamente que podía asumir el coste de la gestión directa del departamento sanitario.

El Supremo considera, sin embargo, que esa valoración debía estar realizada antes de la extinción efectiva del contrato, pero no necesariamente antes de comunicar la decisión de no renovarlo.

Los magistrados consideran suficiente que la Conselleria elaborara los correspondientes informes económicos y presupuestarios antes del 15 de octubre de 2021, fecha en la que finalizó la concesión.

La sentencia también aclara que ese análisis no tenía por qué integrarse en un único informe ni formar parte del expediente inicial, pudiendo apoyarse en la Ley de Presupuestos de la Generalitat siempre que existiera una justificación suficiente sobre la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.

En este caso, el Tribunal destaca que la Generalitat acreditó disponer de financiación suficiente para asumir la gestión directa y aportó informes que respaldaban esa conclusión antes del vencimiento del contrato.

La postura de Ribera Salud

Torrevieja Salud defendía que la Administración autonómica debía haber realizado una valoración económica previa, específica y completa antes de anunciar la reversión del servicio.

La concesionaria argumentaba que no bastaba con remitir la financiación a los presupuestos autonómicos y que los informes económicos aportados por la Generalitat se elaboraron después de comunicar la no prórroga.

Por ello solicitaba la anulación de todas las actuaciones realizadas entre el 14 de octubre de 2020 y la recuperación efectiva de la gestión pública, el 15 de octubre de 2021.

El recurso se fundamentaba en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que obliga a las administraciones públicas a evaluar previamente el impacto económico de las decisiones que afecten al gasto público.

El Tribunal Supremo concluye que la Generalitat cumplió con esa obligación dentro del momento legalmente exigido.

El contexto de la reversión

La resolución se enmarca en los numerosos litigios surgidos tras la reversión del denominado modelo Alzira de colaboración público-privada en la sanidad valenciana, especialmente en relación con la integración del personal como laboral a extinguir.

La Generalitat recuperó la gestión pública de los departamentos sanitarios de Alzira en 2018, Torrevieja en 2021 y, posteriormente, durante el actual mandato, Dénia y Manises en 2024.

Actualmente, el grupo Ribera, integrado en la multinacional francesa Vivalto Santé, mantiene únicamente la concesión del Hospital Universitario del Vinalopó, en Elche.

Financiación y plantilla

La concesión del Departamento de Salud de Torrevieja se financiaba mediante el sistema de cápita, consistente en una cantidad fija anual por cada tarjeta sanitaria asignada al departamento.

En el caso de Torrevieja, este modelo suponía aproximadamente 130 millones de euros anuales. Durante la vigencia del contrato, la Generalitat fue incrementando progresivamente esa cantidad, aunque no en la cuantía reclamada por Ribera Salud, motivo por el que algunos ejercicios continúan pendientes de resolución judicial.

Tras la reversión, la plantilla del Departamento de Salud de Torrevieja, que presta servicio a Torrevieja, Orihuela Costa, Pilar de la Horadada, Rojales, Guardamar del Segura, San Fulgencio, San Miguel de Salinas, Los Montesinos, Benijófar y Formentera del Segura, supera actualmente los 2.050 empleados públicos, mientras que el presupuesto anual del departamento rebasa los 235 millones de euros.