Hay algo que debería hacernos reflexionar cuando una ciudad construye cada vez más
viviendas y, al mismo tiempo, cada vez resulta más difícil para muchas personas poder
vivir en ellas.
Torrevieja conoce bien el negocio inmobiliario. Durante décadas, la construcción y el
turismo residencial han formado parte de nuestro modelo económico. Se levantan
nuevas promociones, se venden apartamentos y siguen llegando compradores de otros
países atraídos por el clima y por el precio de nuestra vivienda. Todo ello genera
actividad económica y empleo, pero también plantea una pregunta que cada vez resulta
más difícil evitar: ¿qué lugar ocupa en todo esto quien simplemente necesita una
vivienda para vivir?
El Plan Vive pretende ser una de las grandes respuestas a este problema. En Torrevieja
contempla 822 viviendas protegidas, con una inversión cercana a los 100 millones de
euros, y 182 de ellas pasarán a formar parte del patrimonio municipal. Las primeras 36
ya han comenzado a construirse en La Manguilla.
Aumentar el parque de vivienda protegida es necesario. Pero precisamente por eso hay
que ser exigentes con el modelo.
Una de las críticas que ha recibido el Plan Vive tiene que ver con sus propios criterios
de acceso. La normativa permite acceder a estas viviendas a personas con ingresos de
hasta 6,5 veces el IPREM, lo que puede situar el límite en torno a los 54.000 euros
anuales y, en determinados supuestos, alcanzar cifras superiores. También se ha
cuestionado que las viviendas puedan perder su protección en el futuro y terminar
incorporándose al mercado libre, abriendo la puerta a que una vivienda construida sobre
suelo público pueda convertirse con el tiempo en un activo más de inversión.
La pregunta es sencilla: si destinamos suelo público y recursos públicos a construir
vivienda protegida, ¿no deberíamos garantizar que esa vivienda conserve para siempre
una función social?
Más aún cuando este mismo verano la Generalitat ha elevado el precio máximo de la
vivienda protegida hasta los 2.568 euros por metro cuadrado útil. Una vivienda de 90
metros cuadrados podría alcanzar así los 231.120 euros, una cantidad que obliga a
preguntarse hasta qué punto podemos seguir utilizando la palabra “asequible” sin
matices.
Y lo ocurrido en Alicante con las viviendas de Les Naus debería servirnos como
advertencia. La polémica por las adjudicaciones y la posterior investigación han puesto
sobre la mesa la importancia de que la vivienda protegida tenga controles, transparencia
y garantías suficientes para evitar que termine siendo objeto de especulación. La propia
Generalitat ha planteado ahora adquirir algunas de esas viviendas para evitar
precisamente que puedan acabar en el mercado especulativo.
Pero el problema de Torrevieja no empieza ni termina con el Plan Vive.
Tenemos también un problema con el uso turístico de la vivienda. En febrero, el
Ministerio de Vivienda notificó a las plataformas digitales 1.240 solicitudes de registro
de alquileres de corta duración revocadas en Torrevieja por no cumplir los requisitos
necesarios. Es una de las cifras más elevadas de España y sitúa a nuestra ciudad en el
séptimo puesto entre los municipios con más solicitudes revocadas.
No estamos hablando simplemente de una cifra más.
Estamos hablando de viviendas que pretenden entrar en un mercado de alquiler turístico
sin haber obtenido el registro obligatorio. Y aquí el Ayuntamiento tiene una
responsabilidad que debe asumir. Si sabemos que existe este volumen de
irregularidades, los ciudadanos tenemos derecho a saber qué controles se están
realizando, cuántos expedientes se han abierto, qué sanciones se han impuesto y qué
medidas se están adoptando para evitar que estas viviendas terminen expulsando oferta
del mercado residencial.
Porque mientras una vivienda puede resultar mucho más rentable alquilada por días o
semanas, hay personas que buscan desesperadamente un alquiler para todo el año.
Y en medio de todo esto están los jóvenes.
Jóvenes que terminan sus estudios y regresan a casa de sus padres. Jóvenes que
trabajan, pero no pueden asumir un alquiler. Jóvenes que encadenan empleos
relacionados con el turismo, la hostelería, el comercio o los servicios y cuyos ingresos
no siempre ofrecen la estabilidad necesaria para comprometerse con una hipoteca o con
un alquiler a largo plazo.
La emancipación no depende únicamente de tener trabajo. Depende de que ese trabajo
permita construir una vida.
Y resulta difícil pedir a una generación que se independice cuando una parte importante
de su salario puede acabar destinada únicamente a pagar una vivienda.
Mientras tanto, el mercado inmobiliario sigue funcionando bajo una lógica muy distinta.
Para algunas personas, una vivienda es un hogar. Para otras, una segunda residencia.
Para otras, una inversión. Y para otras, un inmueble que puede generar una rentabilidad
mucho mayor como alojamiento turístico.
No se trata de demonizar al comprador extranjero, ni al turismo, ni a quien decide
invertir en una vivienda. Torrevieja es hoy la ciudad que es también gracias a la llegada
de personas de muchos países y al desarrollo de una economía vinculada al turismo.
El problema aparece cuando el derecho a disponer de un hogar queda subordinado a la
rentabilidad que ese hogar puede generar.
Ahí es donde debemos hablar de especulación.
Porque una vivienda no debería ser únicamente un activo cuyo valor esperamos que
aumente. Cuando la vivienda se convierte fundamentalmente en una inversión, quienes
necesitan comprar o alquilar para vivir parten en desventaja frente a quienes tienen
capacidad para invertir. Y una ciudad no puede permanecer indiferente ante esa realidad.
Torrevieja necesita seguir construyendo vivienda, pero también necesita preguntarse qué
vivienda construye, para quién y bajo qué condiciones. Necesita garantizar que la
vivienda protegida sea realmente accesible, que el patrimonio público no termine
perdiéndose, que los procesos de adjudicación sean transparentes y que las viviendas
mantengan su función social.
Y necesita actuar frente a los usos ilegales que contribuyen a reducir la oferta
residencial.
Porque no podemos celebrar que se construyan cientos de viviendas nuevas mientras
otras viviendas que podrían servir como hogares permanentes terminan fuera del
mercado residencial sin cumplir siquiera la normativa.
El problema de la vivienda no se solucionará con una única promoción ni con una única
política. Pero sí podemos decidir qué modelo queremos impulsar.
Podemos construir una ciudad en la que la vivienda sea principalmente una inversión,
donde comprar para rentabilizar resulte más atractivo que alquilar para vivir y donde los
jóvenes tengan que marcharse o permanecer en casa de sus padres.
O podemos construir una ciudad donde el turismo y la inversión convivan con algo
igual de importante: la posibilidad de que quienes trabajan, estudian y hacen su vida
aquí puedan permitirse quedarse.
Torrevieja no necesita únicamente más viviendas, necesita más hogares.
Y quizá ha llegado el momento de preguntarnos si se está construyendo una ciudad para
vivir o una ciudad para invertir.
Julia Ribeiro