Durante el verano, mientras miles de personas disfrutan de las playas de Torrevieja, hay trabajadores que pasan horas pendientes de que no ocurra aquello que nadie quiere imaginar. Son los socorristas. Están ahí para vigilar, intervenir y, llegado el caso, salvar una vida. Por eso, cuando quienes realizan ese trabajo salen públicamente a denunciar que necesitan mejores medios para hacerlo, la cuestión deja de ser únicamente laboral. También es una cuestión de seguridad y de gestión de los servicios públicos.

Esta semana varios socorristas de Torrevieja han hecho públicas sus reivindicaciones. Según explicaron en Torrevieja Radio, reclaman mejoras o reposición de elementos que consideran imprescindibles para poder realizar correctamente su trabajo y señalan a Eulen, empresa adjudicataria del servicio, como la principal responsable de atender esas demandas. Entre las deficiencias que también han recogido medios locales aparecen problemas con material de rescate, equipos de comunicación, motos de agua, falta de personal y, además, una falta de transparencia en las nóminas: varios socorristas denuncian que no saben con claridad cuánto se les paga por hora, ni en jornada ordinaria ni en horas extraordinarias, y que compañeros con la misma categoría y las mismas horas trabajadas llegan a percibir cantidades distintas. Son denuncias de los propios trabajadores y, precisamente por la importancia de lo que están señalando, deberían ser comprobadas y respondidas.

Pero para entender por qué esta situación debería preocuparnos no basta con mirar a Eulen. Hay que mirar también al contrato público que existe detrás del servicio. En 2023 el Ayuntamiento de Torrevieja adjudicó a Eulen el servicio de vigilancia, salvamento y socorrismo de las playas por 736.920 euros al año, IVA incluido. El contrato tenía una duración de cuatro años, con posibilidad de un año de prórroga, lo que suponía una inversión total de 3.684.600 euros. Cuando se presentó, el propio Ayuntamiento lo definió como una amplia mejora del servicio y de la seguridad de los bañistas. Se anunciaron nuevos puestos, ampliación de horarios y mejoras en el baño asistido. En temporada alta, además, se estableció una dotación de 50 personas, 39 socorristas y 11 trabajadores destinados a otras funciones.

Y aquí aparece la pregunta que, a mi juicio, deberíamos hacernos como ciudad: ¿qué ocurre cuando aquello que una administración presentó como una mejora del servicio empieza a ser cuestionado por los propios trabajadores que tienen que prestarlo?

No se trata de asumir automáticamente que todas las denuncias son ciertas. Precisamente porque estamos hablando de dinero público y de un servicio relacionado directamente con la seguridad, lo razonable es comprobarlas. Y los propios socorristas explican que el Ayuntamiento ha realizado auditorías y revisiones del material y del número de personas presentes en los puestos, además de señalar que esperan una reunión entre el Ayuntamiento y la empresa. También reconocen que ha habido contacto con responsables municipales durante esta temporada.

Pero que exista supervisión no significa que la cuestión esté resuelta.

Una administración pública no cumple su función únicamente cuando adjudica un contrato. La responsabilidad continúa durante toda su ejecución. El Ayuntamiento puede contratar a una empresa privada para prestar un servicio, pero no puede externalizar la obligación de comprobar que ese servicio se está prestando en las condiciones que se han contratado.

Y esta diferencia es importante: cuando hablamos de contratación pública, muchas veces parece que todo termina el día en que se anuncia quién ha ganado el concurso. Se presenta el contrato, se habla de las mejoras y se anuncia la inversión. Pero un contrato no es una fotografía. Es un compromiso. Y si existen unas condiciones que la empresa debe cumplir, la administración tiene que vigilar que se cumplan, especialmente cuando hablamos de un servicio como el socorrismo.

Un equipo de comunicación que no funciona correctamente no es simplemente una incomodidad para un trabajador. Un recurso de rescate que necesita ser sustituido no es únicamente un problema laboral. Y una posible falta de personal no es una cuestión que pueda resolverse diciendo que la temporada está terminando. Estamos hablando de personas que tienen que responder ante una emergencia y de ciudadanos que esperan encontrar unas playas seguras.

Por eso, si los trabajadores llevan tiempo trasladando problemas y ahora han decidido hacerlos públicos, la respuesta no debería limitarse a esperar a que termine la temporada. Debería servir para revisar qué ha ocurrido, qué establece exactamente el contrato, qué se está cumpliendo y qué no, y qué medidas deben adoptarse para que la próxima temporada no volvamos a encontrarnos con las mismas reivindicaciones. Esto es especialmente relevante porque, según el propio comunicado de los socorristas, esta es la última temporada del pliego actualmente vigente: piden que su experiencia se tenga en cuenta a la hora de redactar el próximo, y esa es una petición muy concreta que el Ayuntamiento tiene ahora la oportunidad de atender.

Los propios socorristas explican que llevan años percibiendo problemas y que durante esta temporada han decidido dar un paso más. También señalan que han intentado buscar interlocución con el Ayuntamiento y que ahora esperan que la administración pueda «apretar las tuercas» a la empresa para que las cuestiones denunciadas se solucionen. Y creo que aquí está una de las claves de todo este asunto. El Ayuntamiento no tiene que elegir entre defender a los trabajadores o defender el contrato. Tiene que garantizar que el contrato se cumpla y que el servicio funcione. Si una empresa recibe dinero público para prestar un servicio, la administración debe tener capacidad y voluntad para exigirle que cumpla aquello a lo que se comprometió.

La contratación de un servicio público no debería convertirse nunca en una forma de quitarse responsabilidades de encima. Al contrario. Cuanto más importante es el servicio, mayor debería ser el control sobre su ejecución. Torrevieja tiene cientos de miles de personas que utilizan sus playas a lo largo del año y una actividad turística que hace que durante los meses de verano la presión sobre estos servicios sea todavía mayor. Además, este verano España ha registrado uno de los peores balances de ahogamientos de los últimos años: hasta el 5 de septiembre se habían contabilizado 363 fallecimientos por ahogamiento en España, según el Informe Nacional de Ahogamientos de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Esto no significa que exista ninguna relación directa entre esa cifra y las denuncias de los socorristas de Torrevieja, pero sí recuerda algo muy sencillo: la prevención y el salvamento no son servicios secundarios. Por eso creo que este caso debería servir para algo más que para solucionar las reivindicaciones de esta temporada.

Debería servir para preguntarnos cómo se controlan los contratos públicos de nuestra ciudad. Qué mecanismos existen para comprobar que las empresas cumplen. Qué ocurre cuando los trabajadores advierten de deficiencias. Qué capacidad tiene el Ayuntamiento para exigir correcciones y qué consecuencias existen si finalmente se demuestra que un contrato no se está cumpliendo.

Y también debería servir para escuchar a quienes están todos los días sobre el terreno. Porque nadie conoce mejor un servicio que quien tiene que prestarlo cuando las cosas se complican.

Al final, los ciudadanos no vemos un contrato cuando vamos a la playa. Vemos a un socorrista. Vemos una torre de vigilancia. Vemos una moto de agua. Vemos los medios que tiene una persona para responder si alguien necesita ayuda. Y nos importa bastante poco qué empresa aparece en el contrato. Lo que queremos es saber que el servicio funciona.

Por eso, cuando una administración anuncia que un nuevo contrato supone una mejora de un servicio público, esa mejora no puede quedarse en el anuncio de adjudicación. Tiene que existir en la realidad.

Las empresas pueden prestar los servicios, pero la responsabilidad de garantizar que aquello que se ha contratado funciona correctamente sigue siendo pública. Y ahí sí creo que el Ayuntamiento debe tener mano dura. No contra los trabajadores que denuncian, sino con quien tenga la obligación contractual de cumplir. Porque exigir que un contrato público se cumpla no es una cuestión partidista. Es, sencillamente, una cuestión de responsabilidad.

Los socorristas han hablado. Ahora toca comprobar qué ocurre con aquello que están denunciando y, sobre todo, qué hará el Ayuntamiento para que el próximo verano no tengamos que volver a hablar de lo mismo.                                                                   

                                                                                                               Julia Ribeiro