Torrevieja ha comenzado el curso 2026-2027 con 17.002 estudiantes. La cifra resume el

tamaño que ha alcanzado el sistema educativo de una ciudad que continúa creciendo, pero

también esconde una realidad mucho más compleja. Cada matrícula implica una plaza,

pero también un aula, un profesor, unas instalaciones adecuadas, transporte, material y

recursos suficientes para que ese alumno pueda desarrollar el curso en condiciones. El

verdadero desafío educativo comienza precisamente cuando las puertas de los centros se

abren en septiembre.

Este año, además, el inicio de curso ha vuelto a estar marcado por una cifra que habla de

la presión existente sobre el sistema. Durante agosto se tramitaron 303 escolarizaciones

sobrevenidas: 201 en Infantil y Primaria y 102 en Secundaria. Son más de trescientas

incorporaciones gestionadas cuando el curso estaba a punto de comenzar,

correspondientes a familias que necesitaban encontrar una plaza educativa en la ciudad.

El dato evidencia que la demanda no permanece estable durante los meses de verano y

que una parte del crecimiento se materializa prácticamente a las puertas del nuevo curso.

Torrevieja lleva años experimentando un crecimiento que afecta directamente a sus

servicios públicos. La llegada de nuevos vecinos no termina en el padrón municipal: se

traduce en más consultas sanitarias, más usuarios del transporte, más demanda de

vivienda y, en el caso de las familias, más alumnos en los centros educativos. La

planificación de estos servicios necesita anticiparse a una población que cambia, porque

cuando la respuesta llega después del crecimiento, las soluciones suelen convertirse en

urgencias.

Las infraestructuras educativas son uno de los ejemplos más visibles. La ciudad mantiene

diferentes actuaciones pendientes o en desarrollo, entre ellas la reforma del CEIP Virgen

del Carmen, el proyecto del IES Las Lagunas y las actuaciones vinculadas al Colegio

Maestro Lafuente. Son proyectos necesarios que requieren inversión, tramitación y

tiempo, pero precisamente ahí aparece una de las principales dificultades: una necesidad

educativa puede surgir hoy y una infraestructura definitiva tardar años en estar disponible.

Mientras esos proyectos avanzan, las soluciones provisionales siguen teniendo un coste.

En Torrevieja se ha situado en torno a los 5.100 euros diarios el gasto asociado al alquiler

de barracones. La cifra permite poner números a una situación que deja de ser excepcional

cuando se mantiene durante largos periodos. Una instalación prefabricada puede resolver

una falta puntual de espacio, pero cuando se prolonga en el tiempo evidencia que la

solución estructural todavía no ha llegado.

Las condiciones de los centros tampoco terminan en la superficie disponible. Este verano

se anunciaron 289.000 euros para mejorar el confort térmico de 21 centros educativos

públicos de Torrevieja. De esa cantidad, 151.500 euros corresponden a catorce centros de

Infantil, Primaria, Educación Especial y Formación de Personas Adultas, mientras que

otros 137.500 euros se destinan a siete centros de Secundaria y enseñanzas de régimen

especial. En una ciudad donde las temperaturas elevadas forman parte de la vida cotidiana durante buena parte del curso, mantener unas condiciones adecuadas dentro de las aulas

forma parte de las condiciones básicas para enseñar y aprender.

La presión sobre el sistema educativo tampoco se limita a los edificios. El comienzo de

este curso ha llegado con el conflicto docente todavía abierto en la Comunitat Valenciana.

La huelga de cinco semanas del pasado curso quedó suspendida, pero no desconvocada,

y los sindicatos retomaron las movilizaciones en septiembre ante la falta de avances en

las negociaciones con la Conselleria. El 12 de septiembre, alrededor de 5.000 personas

participaron en la manifestación celebrada en Alicante, según los datos de la

Subdelegación del Gobierno. Entre las reivindicaciones figuran la reducción de ratios, el

aumento de las plantillas, mejoras salariales, una menor carga burocrática y mejoras en

las infraestructuras.

Las ratios y las plantillas tienen una traducción directa en las aulas. Cuando aumenta el

número de alumnos por clase, disminuye el tiempo disponible para atender

individualmente sus necesidades. Cuando faltan profesionales de apoyo, la capacidad de

respuesta ante determinadas dificultades también se reduce. Y cuando los centros

necesitan mejoras estructurales, esas deficiencias terminan formando parte del día a día

de quienes estudian y trabajan en ellos. La calidad de la educación no depende únicamente

del número de plazas disponibles, sino de todo lo que sucede dentro de ellas.

El crecimiento educativo también se extiende fuera de los centros. Miles de alumnos

entran y salen cada día de los colegios e institutos y una parte utiliza el transporte urbano

para desplazarse. El aumento de la población escolar tiene consecuencias sobre la

movilidad de la ciudad, sobre los horarios de las familias y sobre la capacidad del

transporte público para absorber la demanda en determinadas franjas. Cuando una ciudad

crece, sus servicios no pueden analizarse por separado: las necesidades educativas

terminan conectando con la movilidad, la vivienda y la planificación urbana.

A esta dimensión estructural se suma el esfuerzo económico que supone estudiar para

muchas familias. El inicio del curso implica gastos en material, libros, dispositivos,

transporte y actividades, mientras que para quienes continúan sus estudios fuera de la

enseñanza obligatoria aparecen además los costes asociados a la universidad o a otros

estudios superiores. Las ayudas municipales destinadas a material escolar, transporte y

estudiantes universitarios permiten reducir parte de ese impacto y funcionan como un

apoyo importante para determinados hogares.

También existen programas municipales dirigidos a problemas que no se solucionan

simplemente con una plaza escolar. El absentismo, el acoso, la convivencia, la salud

mental y el acompañamiento a las familias requieren intervención más allá del horario

lectivo. Son ámbitos que han adquirido mayor presencia en las políticas educativas

porque las dificultades que atraviesa un estudiante no siempre aparecen reflejadas en una

matrícula o en una calificación.

Todo este conjunto de medidas cumple una función, pero cada una responde a una escala

diferente. Una ayuda económica reduce un gasto familiar; un programa de prevención interviene ante una situación concreta; una mejora de climatización actúa sobre las

condiciones de un centro; una nueva infraestructura amplía la capacidad del sistema. El

problema aparece cuando las soluciones puntuales tienen que convivir durante años con

necesidades estructurales que siguen esperando una respuesta definitiva.

Los 17.002 estudiantes de este curso permiten observar esa realidad desde una perspectiva

más amplia. Torrevieja no solo tiene más alumnos: tiene una población escolar que exige

más capacidad de planificación. Las 303 escolarizaciones sobrevenidas de agosto

muestran la rapidez con la que puede cambiar la demanda. Los barracones ponen precio

a las soluciones provisionales. Los 289.000 euros destinados al confort térmico muestran

necesidades concretas dentro de los centros. Y las movilizaciones docentes evidencian

que las condiciones de la enseñanza siguen formando parte de un conflicto abierto en el

conjunto de la Comunitat Valenciana.

El reto, por tanto, no termina cuando todos los alumnos tienen una plaza. Empieza ahí.

Una política educativa capaz de acompañar el crecimiento de Torrevieja necesita

combinar nuevas infraestructuras con mantenimiento, suficientes profesionales con

condiciones adecuadas de trabajo, transporte capaz de absorber la demanda y programas

que atiendan las dificultades que aparecen dentro y fuera del aula. También necesita algo

menos visible, pero fundamental: planificación a largo plazo.

Cada septiembre vuelve a comprobarse si el sistema es capaz de absorber la demanda

inmediata. El objetivo debería ser que septiembre deje de ser el momento en el que se

descubren las necesidades del curso y se convierta en el momento en el que se ponen en

marcha las soluciones que llevan tiempo planificándose.

Torrevieja ha alcanzado los 17.002 estudiantes porque la ciudad ha cambiado. Sus

centros, sus servicios y sus políticas educativas tienen que cambiar al mismo ritmo. La

educación no puede limitarse a garantizar que haya un pupitre para cada alumno. También

tiene que garantizar que ese pupitre esté en un aula adecuada, con profesionales

suficientes y dentro de una ciudad preparada para acompañar a quienes se sientan en él.

Escolarizar a 17.000 alumnos es una cifra. Garantizar que esos 17.000 alumnos tengan

las condiciones necesarias para aprender es el verdadero reto.

Julia Ribeiro