Después de años de espera, una licitación anulada y una nueva adjudicación millonaria, Torrevieja estrenó el pasado verano su nueva red de transporte urbano con la promesa de mejorar la movilidad de sus vecinos. Sin embargo, las primeras semanas de funcionamiento estuvieron acompañadas de quejas por retrasos, transbordos y dificultades para completar determinados trayectos. La renovación debía servir para corregir las deficiencias del servicio anterior, pero su puesta en marcha abrió una nueva pregunta sobre la planificación y la capacidad de respuesta del Ayuntamiento. Si el transporte público ya acumulaba problemas, ¿cómo es posible que una transformación que llevaba tanto tiempo preparándose también haya comenzado con tantas dificultades?

El contrato se adjudicó en marzo de 2026 a Avanza Movilidad Levante por 67.847.907,46 euros, con una duración de diez años. El presupuesto base de licitación ascendía a 82.741.350,56 euros, de modo que la adjudicación se cerró con una reducción del 18 % respecto a esa cantidad. Estamos hablando de un contrato de enorme importancia para la ciudad, tanto por su coste como por su impacto directo en la vida cotidiana de miles de personas. Una inversión de esta magnitud exige una planificación rigurosa, una implantación bien organizada y mecanismos eficaces para detectar y resolver cualquier incidencia.

La tramitación tampoco estuvo exenta de dificultades. La primera licitación quedó anulada en 2025 tras una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. El Ayuntamiento anunció que recurriría la decisión y tuvo que impulsar un nuevo procedimiento antes de adjudicar finalmente la concesión. El contrato se adjudicó en marzo de 2026, pero la nueva red no comenzó a funcionar hasta el 27 de julio. Entre la adjudicación y la entrada en servicio transcurrieron varios meses, mientras la ciudadanía seguía esperando una renovación que debía mejorar sus desplazamientos.

La llegada del nuevo modelo se presentó como un cambio necesario para ampliar la cobertura, mejorar las frecuencias y conectar mejor los barrios, las urbanizaciones y los principales equipamientos públicos. Sobre el papel, los objetivos respondían a necesidades reales de Torrevieja. El problema es que una red de transporte no se evalúa únicamente por las líneas que incorpora o por las prestaciones que anuncia, sino por su funcionamiento diario y por la facilidad con la que permite llegar al destino.

Las primeras semanas dejaron quejas que no deberían pasarse por alto. El 29 de julio, TorreviejaIP.tv recogió reclamaciones de usuarios por retrasos y transbordos que obligaban a realizar cambios de autobús en trayectos que antes eran directos. El 18 de agosto, el mismo medio informó de nuevas quejas relacionadas con los transbordos de pago. Estas dificultades afectaban a cuestiones básicas del servicio, como el tiempo necesario para desplazarse, la comodidad de las conexiones y el coste de determinados recorridos.

Para quien utiliza el autobús de forma ocasional, un transbordo puede parecer una molestia menor. Para quien depende de él para ir a trabajar, estudiar o acudir a una cita médica, puede significar tener que salir antes de casa, esperar más tiempo o reorganizar toda su jornada. En una ciudad extensa, con numerosas urbanizaciones alejadas del centro, la conexión entre barrios y servicios esenciales no es un detalle técnico. Es una condición necesaria para garantizar una movilidad accesible.

Además, la ampliación de la cobertura no implica necesariamente una mejora para todos los usuarios. Una línea puede llegar a más lugares y, al mismo tiempo, hacer que determinados trayectos sean más largos o requieran más cambios de autobús. Por eso, las mejoras anunciadas deben contrastarse con los recorridos reales, los tiempos de espera y las conexiones disponibles. Lo importante no es únicamente que exista una parada cerca de una vivienda, sino que el servicio permita llegar de forma razonable al trabajo, al hospital, al centro educativo o al centro de la ciudad.

A estas dificultades se suma que la renovación de la flota todavía está pendiente. El Ayuntamiento anunció la incorporación progresiva de 32 autobuses definitivos, seis eléctricos y 26 híbridos, entre marzo y junio de 2027. Hasta entonces, la nueva red funciona con una flota transitoria. La modernización de los vehículos puede contribuir a mejorar el servicio, pero no resolverá por sí sola los problemas relacionados con los recorridos, las frecuencias o la coordinación entre líneas. Para eso hacen falta decisiones de gestión y una evaluación continua del funcionamiento de la red.

Es razonable que una transformación de esta dimensión requiera distintas fases de implantación. Lo que no debería ocurrir es que los usuarios tengan que asumir las consecuencias de una planificación insuficiente sin saber cuándo se resolverán las incidencias. Después de años de tramitación, la puesta en marcha debería haber estado acompañada de una estrategia clara para informar a la ciudadanía, comprobar el funcionamiento de las conexiones y corregir los problemas detectados desde el primer momento.

Tampoco se trata de defender automáticamente el sistema anterior. El servicio que existía antes de la renovación también recibía críticas y necesitaba mejoras. Precisamente por eso, el cambio debía servir para superar sus deficiencias, no para sustituirlas por nuevas dificultades. La ciudadanía no necesita elegir entre un transporte que funcionaba mal y otro que todavía genera dudas. Necesita un servicio que responda a sus necesidades, con independencia del modelo o de la empresa que lo gestione.

El Ayuntamiento debe explicar qué incidencias se han corregido desde el estreno, cuáles siguen pendientes y qué mecanismos de seguimiento se están utilizando para comprobar que la concesionaria cumple las condiciones del contrato. También sería conveniente publicar datos periódicos sobre puntualidad, frecuencias reales y reclamaciones recibidas. Sin esa información, resulta difícil evaluar si la nueva red está cumpliendo los objetivos que justificaron su implantación.

Una concesión de diez años no puede limitarse a prometer que el servicio mejorará cuando finalice su renovación. La calidad debe medirse desde el comienzo y las deficiencias deben corregirse cuando se detectan. Una inversión pública de casi 68 millones de euros exige resultados acordes con el compromiso económico asumido y una gestión capaz de responder a los problemas cotidianos de la población.

Torrevieja necesitaba renovar su transporte público, pero renovar no consiste simplemente en cambiar las líneas o anunciar nuevos autobuses. Consiste en facilitar los desplazamientos, reducir las dificultades y ofrecer una alternativa fiable al vehículo privado. Después de tantos años de tramitación, la cuestión ya no es cuánto queda para completar la transformación anunciada, sino cuándo empezarán a notarla de verdad quienes utilizan el servicio. Porque el transporte público no se contrata para mejorar la imagen de una ciudad ni para acumular promesas de futuro. Se contrata para mejorar la vida de sus ciudadanos. Y esa mejora debe notarse en cada trayecto, en cada frecuencia y en cada conexión, no quedarse en los anuncios.                                                  

Julia Ribeiro