Conseguir una subvención no es lo mismo que aprovecharla. Lo importante no es cuánto
dinero llega a una ciudad, sino en qué se convierte y cómo mejora la vida de quienes
viven en ella. En Torrevieja, varias devoluciones de ayudas y proyectos con actuaciones
pendientes obligan a plantearse una pregunta incómoda: ¿estamos aprovechando todas
las oportunidades que tenemos o los anuncios están yendo por delante de los resultados?
El primer caso afecta a las ayudas destinadas a personas en situación de vulnerabilidad
residencial. El 1 de octubre de 2026, el PSOE de Torrevieja denunció que el
Ayuntamiento debía devolver 105.421,27 euros de los 245.771,27 recibidos para 2025
dentro del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda, además de 2.168,36 euros en
intereses de demora. En total, más de 107.000 euros. La cantidad devuelta representa
alrededor del 43 % de la subvención concedida.
Al día siguiente, el equipo de gobierno defendió la gestión de Bienestar Social y aseguró
que los 140.350 euros justificados se habían destinado al pago de alquileres y
alojamientos de emergencia. Por tanto, el debate no consiste en afirmar que ninguna
familia recibió ayuda, sino en entender por qué no se justificó el importe completo. En
una ciudad donde acceder a una vivienda resulta cada vez más complicado, es legítimo
preguntarse si se podrían haber aprovechado mejor esos recursos y qué medidas se van a
tomar para evitar nuevas devoluciones.
El segundo caso afecta al transporte urbano. El 1 de julio de 2025 se conoció que
Torrevieja debía devolver 1.616.753 euros de fondos europeos destinados a actuaciones
vinculadas a la modernización del transporte público y la Zona de Bajas Emisiones,
además de más de 106.000 euros en intereses de demora. La devolución estuvo
relacionada con el incumplimiento de los plazos para ejecutar las actuaciones previstas.
Entre las medidas que debían desarrollarse figuraban la adquisición de autobuses y la
mejora de las paradas.
La financiación debía contribuir a transformar la movilidad de una ciudad donde muchas
personas siguen dependiendo del coche para desplazarse. Perder esos recursos no
significa que todas las mejoras sean imposibles, pero sí que una oportunidad de
financiación no llegó a aprovecharse en las condiciones previstas. Y eso merece una
explicación, ¿por qué no se llegó a tiempo y qué se ha aprendido de lo ocurrido? En una
ciudad que necesita alternativas reales para estudiantes, trabajadores y personas mayores,
la gestión de estos fondos no es una cuestión menor.
El tercer caso es Espacio La Sal, una iniciativa financiada con fondos europeos para
modernizar los espacios comerciales y apoyar al comercio local. El proyecto, dotado con
más de 1,5 millones de euros, incluía actuaciones como herramientas digitales para los
negocios, conexión wifi pública y otras medidas para facilitar la actividad comercial. El
plazo de ejecución terminaba el 31 de diciembre de 2024, pero en febrero de 2026
volvieron a hacerse públicas críticas sobre actuaciones que seguían pendientes.
Aquí conviene distinguir entre una obra sin terminar y una inversión perdida. No se puede
afirmar que todo el dinero se haya desperdiciado ni que no se haya realizado ninguna
actuación. Lo que hace falta es un balance público que detalle qué se ejecutó, qué quedó
pendiente y qué resultados ha obtenido el comercio local. Porque modernizar el comercio
no consiste únicamente en anunciar un proyecto, sino en conseguir que las pequeñas
tiendas dispongan de herramientas útiles y puedan mantener su actividad en una ciudad
cada vez más exigente para quienes viven y trabajan en ella.
Los tres casos son diferentes, pero comparten una cuestión de fondo: conseguir
financiación es solo el principio. Después hay que planificar, cumplir los plazos, ejecutar
las actuaciones y justificar correctamente los gastos. Cuando alguna de esas fases falla,
la ciudadanía tiene derecho a conocer los motivos y las medidas que se van a tomar para
evitar que vuelva a ocurrir.
Porque detrás de estas cifras hay necesidades reales. Hay personas que buscan una
vivienda que puedan pagar, vecinos que necesitan desplazarse y comerciantes que
intentan mantener sus negocios abiertos. El coste de una gestión deficiente no se mide
únicamente en el dinero que hay que devolver, sino también en las mejoras que tardan en
llegar o que no llegan a materializarse.
Exigir explicaciones no significa negar las dificultades que puede tener una
administración ni dar por hecho que cualquier retraso implica una mala gestión. Significa
entender que gestionar dinero público conlleva una responsabilidad que va más allá de
anunciar inversiones. La transparencia debería permitir que cualquier vecino conozca qué
se prometió, qué se hizo y qué quedó pendiente, sin necesidad de esperar a que surja una
polémica.
Torrevieja necesita seguir creciendo, pero también necesita preguntarse qué significa
realmente progresar. No basta con conseguir millones de euros si después no se traducen
en mejoras para la ciudadanía. El verdadero éxito de una gestión no debería medirse por
las subvenciones que consigue ni por las cifras que presenta, sino por lo que esos recursos
aportan a la vida cotidiana. Porque el dinero público no está para quedarse sobre el papel,
sino para responder a las necesidades reales de las personas que vivimos en Torrevieja.
Julia Ribeiro